El Gobierno Valenciano ha aprobado una modificación en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat que afecta directamente al Impuesto de Patrimonios. En concreto, se reduce de 700.000 a 600.000 euros la cuantía mínima de patrimonio exento de esta tributación (al margen queda el valor de la vivienda habitual hasta 300.000 euros).

De este modo, serán 1.832 los nuevos contribuyentes que se verán afectados y obligados a tributar por el Impuesto de Patrimonios. En total, son alrededor de 20.000 valencianos, los que, por la cuantía de sus bienes, están sujetos a esta tasa.

Además de la incorporación de nuevos contribuyentes, las modificaciones en el Impuesto de Patrimonios también contemplan una subida global de las aportaciones para todos los afectados. Para ello, el Consell ha creado una nueva tarifa sobre este impuesto, insólita en todos las administraciones autonómicas españolas, que supone elevar el gravamen medio en alrededor del 25% sobre la tasa estatal. Este incremento especial autonómico del impuesto oscila entre el 0,25% para los patrimonios de baja escala hasta el 3,2% que se obliga a tributar a aquellos patrimonios que superen los 10 millones de euros.

Todas estas modificaciones realizadas en las condiciones del Impuesto de Patrimonios en la Comunidad Valenciana entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2016 para todos los residentes en la Comunidad Valenciana que superen la base imponible de 600.000 euros, que se ha fijado como exenta de tributación.

Existe una excepción a esta norma para aquellos contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y para contribuyentes con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, para los que el importe del mínimo exento se ha elevado a un millón de euros.

Con esta nueva presión fiscal sobre los grandes patrimonios, la Generalitat Valenciana pretende recaudar 29,11 millones de euros anuales, según ha anunciado el Conseller de Hacienda, Vicent Soler.

El impuesto sobre el patrimonio nació en 1977 con carácter “extraordinario” y ha perdurado hasta hoy. El Gobierno de José Luis Rodríguez lo suprimió en 2008 con el argumento de que era un tributo que recaía sobre la clase media. Sin embargo, ante el deterioro de los ingresos públicos derivados de la recesión, recuperó el impuesto de forma temporal para los ejercicios 2011 y 2012 y elevó el mínimo exento. El actual Gobierno de Mariano Rajoy, que en la oposición criticó esta figura tributaria, ha ido prorrogando su vigencia anualmente en los Presupuestos aprobados durante la legislatura.

El mantenimiento de este impuesto ha provocado, por ejemplo, que en la Comunidad Valenciana los principales patrimonios han visto reducidos los mismos una media del 2% anual, con lo cual han perdido cerca del 10% de su patrimonio en el pago del impuesto en 5 años.

Además muchos de ellos se han visto obligados a endeudarse, al no disponer de efectivo para poder pagar el impuesto sobre su propio patrimonio. En época de crisis, la opción de vender los patrimonios para obtener liquidez tampoco ha estado disponible, ya que en la Comunidad los grandes Patrimonios están compuestos en su mayoría de inmuebles que en estos momentos son totalmente ilíquidos a no ser que se vendan muy por debajo de su precio real.