La nueva Ley de Auditoría entró en vigor el pasado mes de junio. Esta nueva ley fue aprobada en el año 2015 y ha tenido que adaptarse a los criterios y al nuevo marco normativo de la UE.  Esta ley pone una especial atención a la información económica financiera que se audita en entidades de interés público.

La nueva ley tiene como objetivo mejorar la calidad de las auditorias fortaleciendo su independencia para reforzar la confianza en la información económica y financiera. Una confianza que se asienta en el principio de Transparencia.

El texto se ciñe a las demandas de la UE sobre los requisitos específicos para las entidades de interés público (EIP). Se consideran Entidades de Interés Público las entidades de crédito, aseguradoras y cotizadas que operen en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), además de las instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.

En general los cambios establecidos son los siguientes.

Se ha introducido en el artículo 5 la regulación del contenido del informe de auditoría de cuentas anuales. Acorde a este informe se ha establecido una mayor cantidad de información que debe ser entregada. A las entidades de interés público se les exige, además la entrega de un informe adicional para el comité de auditoría. Este comité de auditoría será semejante al que tienen las sociedades cotizadas, cuyas funciones serán supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El texto establece un periodo máximo de rotación de diez años para los Auditores. De esta forma se limita el tiempo consecutivo que una misma firma puede auditar las cuentas de una empresa. Este periodo sólo será ampliable si se celebra concurso público o se realiza la labor junto a otra firma y por una prórroga límite de cuatro años.

La nueva Ley aumenta el número de incompatibilidades. Establece hasta once servicios que el auditor no puede prestar a una EIP. Todos ellos están relacionados con la información financiera como servicios de contabilidad, auditoría interna, abogacía o diseño de procedimientos de control interno o gestión de riesgos. De esta forma se garantiza la transparencia en la información entregada.