Los impuestos verdes o impuestos medioambientales están destinados a mitigar el cambio climático y promover un uso sostenible de los recursos facilitando un uso más eficiente de la energía y unos sistemas energéticos y de transporte más limpios.
Según la Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE y la Agencia Internacional de Energía (IEA), “los impuestos verdes son aquellos que cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y especifico, sobre el medio ambiente”
Dado que la actividad económica tiene un impacto medio ambiental, ese impacto debe ser soportado y compensado por quien lo genera. Así que el principio que los rige se define como “quien contamina, debe pagar”.
Este impuesto tiene como objetivo castigar las actividades dañinas para el medio ambiente: desde el consumo de recursos hasta la emisión de gases contaminantes. Países como Suecia, Finlandia, Dinamarca y Alemania han mostrado amplios resultados positivos siguiendo esta política. Otros países como Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Corea del Sur y China son los países más activos en el uso de impuestos como herramientas para impulsar el comportamiento empresarial sostenible y alcanzar los objetivos de la economía verde.
Por su parte, España es uno de los países del continente europeo que menos utilizan los impuestos verdes para combatir el cambio climático y la destrucción del medio ambiente.
Los “tributos verdes» que se aplican en España tienen un impacto ambiental recaudatorio casi despreciable y poseen un carácter finalista, lo que les descarta como la vía más adecuada para paliar el déficit público. Algunos impuestos medioambientales españolas se concentran en la energía y el transporte. El objetivo de una fiscalidad verde debería ser descarbonizar la economía o gravar estos combustibles contaminantes.
Expertos apuestan por una reforma y armonizan la creación de nuevos impuestos verdes, cuya recaudación debe destinarse a la mejora ambiental.
Uno de esos impuestos debe destinarse a los vehículos “sucios”, los que más CO2 emitan a la atmósfera. Su modificación en el año 2006 implica abonar cierta cantidad de dinero a la hora de comprar un coche dependiendo de la cantidad de sus emisiones de Dióxido de Carbono a la atmósfera.
Todo esto significa que cuanto menos consuma un coche, menos tendrás que pagar por matricularlo, alrededor de una 80% de los automóviles están exentos de pago.
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