Los impuestos medio ambientales, también conocido como impuesto verde, ecotasa o eco-impuesto, son uno de los principales instrumentos destinados a mitigar el cambio climático.
Además de promover un uso sostenible de los recursos naturales, facilitando un uso más eficiente de la energía y unos sistemas energéticos y de transporte más limpios, con el fin de reducir el impacto negativo que produce la actividad económica de un país.
Según varios organismos internacionales como Eurostat, la Comisión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA), “los impuestos ambientales son aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene impacto negativo, comprobado y especifico, sobre el medio ambiente”. En definitiva, el que contamina, paga.
Para aplicar los impuestos ambientales en necesario considerar algunos factores que determinan el éxito o fracaso del instrumento:
Al diseñar un impuesto es necesario influir directamente en el comportamiento de los agentes económicos, por lo que es necesario vincular el pago del impuesto lo más posible con la problemática ambiental, definir la etapa en la cual se va a aplicar la carga fiscal y también se debe considerar el grado del incentivo, la medida en que el impuesto apunta hacia la reducción de la contaminación.
Estos recursos pueden utilizarse para reducir otros impuestos, además de emplearse como inversión en la conservación o restauración de recursos naturales.
Al diseñar un impuesto es importante considerar los costos administrativos relacionados con su creación y posterior aplicación.
En este punto es importante tener en cuenta el impacto que podrían tener las medidas compensatorias y de mitigación, los efectos sobre el empleo, así como la distribución de los beneficios ambientales que resulten del impuesto.
Los impuestos verdes son más visibles por lo que pueden afectar a empresas, a todo un sector o inclusive a todo un país.
Es importante contar con el respaldo de la sociedad al generar políticas ambientales. El impuesto debe tener un propósito claro.
Durante los últimos años organismo como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, han señalado el interés y la importancia de la imposición de estos impuestos verdes a la agenda de reformas pendientes en nuestro país.
Los impuestos verdes se componen de impuestos sobre la energía, impuestos sobre el transporte e impuestos sobre la contaminación y lo recursos.
España se encuentra al final de la cola de la Unión Europea en impuestos verdes. A pesar de que se encuentra en la media de la OCDE, es el país europeo que menos recaudación obtiene a través de los eco -impuestos, en comparación con Francia, Portugal o Irlanda. Según datos de la Comunidad Europea publicados a principios de febrero, nuestro país es uno de los países con menor porcentaje de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales: el 5,5% del PIB, frente a la media del 6,35% de la UE, con datos de 2014.
Según anuncia el portal web, Reinicia, la Unión Europea ha propuesto recientemente aumentar la aportación de estos impuestos al total de ingresos fiscales, con la idea de lograr una Europa más eficiente en la utilización de recursos.
Una reforma en los impuestos medio ambientales, es fundamental para el desarrollo de una política ambiental más eficiente y el desarrollo de una España más sostenible.
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